Franco y la Masonería

Revisado: 09/12/2014

Son varios los historiadores que apuntan a una relación más que evidente entre varios miembros de la familia del dictador español Francisco Franco con la Masonería.

Por el contrario, parece ser que al propio Franco no se le permitió pertenecer a esta organización, lo que desencadenó un odio profundo hacia ellos. Se apunta a que hasta en dos ocasiones lo intentó. La primera, cuando aún era teniente coronel, presentó su solicitud en la logia "Lukus", de Larache. En un segundo intento, ya en la República, también fue rechazado. Parece ser que fue su propio padre, Nicolás Franco, también masón, quien se lo negó.

Ya de por sí el posterior dictador tuvo desde su infancia un acentuado complejo de inferioridad. El éxito de su hermano Ramón Franco (el aviador que consiguió cruzar el Atlántico) conocido por su ideología progresista y su pertenencia a la Masonería, acentuaría aun más sus complejos.

Su ascenso hasta la jefatura del bando sublevado en la Guerra Civil Española le permitió concentrar la represión en masones e izquierdistas, rasgos para él antiespañoles y que veía en la totalidad de los defensores de la República (a pesar de no tener nada que ver) y que empezaron a ser fusilados en masa.

El 15 de septiembre de 1936, apenas iniciada la Guerra, se publicó su primer decreto contra la Masonería, cuyo primer artículo dice así:

La Francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como reo del crimen de rebelión.

Ese año, al igual que se hizo con los centros obreros o del Frente Popular, se ordenó el asalto, saqueo, incautación y destrucción de los locales masónicos, así como el fusilamiento sin juicio de sus miembros (es decir, bastando para la ejecución una simple acusación).

Hubo una auténtica fiebre incautadora de objetos y documentos masónicos por toda la zona franquista, que se remitían rigurosamente vigilados al Servicio de Recuperación de Documentos de Salamanca. En este edificio se llegó a acumular durante la dictadura unas 80.000 fichas de supuestos masones (cuando en 1936 no rebasaban la cifra de 5.000), revelando las dimensiones de la llamada cruzada antimasónica y la fiebre acusatoria que existió.

Fue allí en el Archivo de Salamanca donde Franco, ayudado por el inquisidor Marcelino de Ulibarri, ideó la reconstrucción de un museo masónico con una sala donde se reprodujera toda la parafernalia decorativa de una logia (en concreto se basaron en la de Gijón), pero reconstruida desde una perspectiva antimasónica, por lo que se primó el simbolismo relacionado con calaveras y encapuchados, a fin de incrementar su desprestigio, acentuando un sentido tétrico. Por ejemplo, la llamada "cámara de reflexión" masónica se presenta como una especie de cámara de tortura. Esta "logia" se abrió por primera vez al público en una exposición celebrada en junio de 1993.

Museo antimasónico de Salamanca (fotografía de 1984)
Museo antimasónico de Salamanca (fotografía de 1984)

Parece ser que entre los días 15 y 16 de diciembre de 1937 se celebró en Madrid una asamblea anual de Masonería, en la que se elaboró un informe donde se daba por ejecutado a miles de masones que no habían podido huir del territorio ocupado por los militares.

El 21 de diciembre de 1938, Franco decretó que todas las inscripciones o símbolos de carácter masónico fueran eliminados de todos los cementerios de la zona nacional en el plazo de dos meses.

La célebre Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 volvió a declarar ilegales a todas las logias Masónicas, junto con todos los partidos del Frente Popular y sindicatos.

El 1 de marzo de 1940, ya terminada la Guerra, se dictó la principal ley antimasónica del Régimen, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (2). Las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público. Se establecieron penas de veinte a treinta años de prisión para los grados superiores, y de doce a veinte para los cooperadores. La depuración llegaba a tal extremo que impedía formar parte de un Tribunal de Honor a quien tuviera algún pariente masón hasta segundo grado de consanguinidad. Con esa misma fecha quedaba constituido el Tribunal Especial para la Represión de la masonería y el Comunismo, tribunal que estuvo en vigor hasta la creación del Tribunal de Orden Público en 1963, quedando suprimido el anterior el 8 de febrero de 1964.

En numerosos discursos se refirió a la "conspiración judeomasónica" como culpable de todos los males de España, prácticamente hasta el día de su muerte en 1975. Esta fobia a la masonería no fue cosa exclusiva del dictador, ya venía dándose en los fascismos europeos de los años 20 y 30 del siglo XX, pero se vio acentuada por los sucesos personales relatados anteriormente, algo similar a lo que le ocurriera a Hitler con el Judaísmo.



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